Transporte Urbano de pasajeros en S.C. de Bariloche. Nuestra propuesta 2015.
por Mariano Romero
El
transporte público de pasajeros en Bariloche muestra el perfil
político del gobierno municipal que beneficia siempre a
empresarios locales o foráneos.
Al
producirse el desbarranque final de la empresa “3 de Mayo”, (que
el gobierno municipal sostuvo sin quitarle la concesión hasta que
las quejas de los usuarios contra la empresa empezaban a dirigirse a
la intendencia) el municipio estaba en condiciones de garantizar el
servicio de transporte público de pasajeros. Para eso contaba con
las instalaciones y los vehículos de la empresa que los dueños
habían intentado vaciar. También contaba con los choferes,
mecánicos y demás trabajadores de la empresa. Además el servicio
se encuentra subsidiado por el Estado, aunque nunca se aclararon los
montos.
Pero
en lugar de estatizar el servicio de transporte, el gobierno
municipal de la intendente kirchnerista Martini, buscó traspasar la
concesión del servicio a otra empresa privada. Finalmente, en enero
pasado el servicio recayó en un empresario amigo: Alejandro Rossi,
socio mayoritario de “Autobuses de Santa Fé” y hermano del
Ministro de Defensa del gobierno nacional. El ejecutivo municipal le
otorgó un permiso precario, que implica la utilización de las
unidades que no pudo llevarse “3 de Mayo” y sus instalaciones,
además de los subsidios del Estado. Un negocio redondo cuyos números
totales ni el gobierno municipal ni las empresas hicieron públicos
con la apertura de los libros contables. Negocio privado con el
servicio público y subsidios del Estado, garantizado también por
los concejales oficialistas y de la “oposición” de la UCR, del
Frente Grande, Pueblo (ahora massista), etc.
El
servicio que presta “Autobuses de Santa Fé” es, aunque parezca
increíble, peor que el prestado por “3 de Mayo”. Por eso se
empiezan a oir voces que denuncian a la intendente porque echó a una
empresa local para poner a una empresa foránea. El problema no es si
la empresa es local o foránea. Los colectivos que no pasan a
horario, la falta de frenos, embragues y otros desperfectos, no son
problema de locales o foráneos. Tampoco lo son los recorridos que se
levantan de un día para otro como la línea 10 a Colonia Suiza o la
71 a Dina Huapi, como ocurrió hace pocos días.
Incluso
la UTA se vio obligada a realizar un paro reclamando la
reincorporación de un chófer que fue despedido por “Autobuses de
Santa Fé” después de denunciar que los micros salen a prestar
servicio en condiciones inseguras. Pero lo que termina de demostrar
el robo y el negociado fue la presentación de cuatro unidades
“nuevas” por parte de la empresa en el Centro Cívico el pasado
07 de abril. Dos de estos colectivos están equipados con rampas para
permitir ascender a personas en sillas de ruedas. Esas rampas nunca
funcionaron. Ante los periodistas y el público que iban a utilizar
las rampas con sus sillas de ruedas, la Intendenta Martini y el
Subsecretario de Tránsito y Transporte, Pego, intentaban por todos
los medios justificar que eran “cosas que pueden suceder”. ¡Sí
Sra Intendente, esto sucede todos los días cuando los estudiantes,
trabajadores y vecinos viajamos en colectivo por Bariloche!. Más que
funcionarios del estado, parecían los empresarios dueños de los
micros. A tal punto, que se lo podía ver a Pego intentando
“arreglar” el “desperfecto”, diciendo que la habían probado
hacía diez minutos y funcionaban. Una vergüenza.
Muchos
vecinos pensaron que si eso sucede en un acto oficial de presentación
de las “nuevas” unidades, ¿qué puede pasar (y pasa) todos los
días viajando en manos de esta empresa?. Seguramente, ni la
Intendente Martini ni el Subsecretario Pego viajan en colectivo para
ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela.
Desde
Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda creemos que
la
verdadera utopía no es creer que los trabajadores pueden manejar el
transporte junto a los usuarios, sino creer que el servicio en manos
de empresas privadas (locales o foráneas) mejorará con una
licitación mejor hecha, o con una audiencia pública más
transparente u otras variante que proponen los partidos de gobierno o
sus cómplices desde la “oposición”.
La
solución está en manos de los mismos trabajadores de la ex – “3
de Mayo”, de sus choferes, de los mecánicos, de su personal
administrativo. Junto a ellos, están quienes usan el transporte
todos los días, los trabajadores y vecinos de la ciudad, que conocen
bien cuáles son los horarios dónde debe ser reforzado el
transporte, cuáles son los recorridos que mejor cubren las
necesidades de los barrios, dónde se requieren urgentes paradas con
techos que los protejan en las lluvias y nevadas, y las posibles
combinaciones que faltan para un mejor servicio.
Por
eso, desde Izquierda Socialista proponemos, y exigimos, no una nueva
licitación pública como están avalando los concejales, sino la
estatización del servicio de transporte público, en manos de los
trabajadores y usuarios, para que no caiga bajo órbita de
funcionarios corruptos o pusilánimes. Con este mismo objetivo, los
diputados del Frente de Izquierda presentaron en el Congreso Nacional
un proyecto de ley para reestatizar los ferrocarriles “bajo control
de los trabajadores ferroviarios elegidos democráticamente de todas
las líneas férreas y con cargos revocables y organizaciones de
usuarios del servicio”, como se expresa en el art. 3. El gobierno
nacional presentó un proyecto en que supuestamente reestatizará los
ferrocarriles. Sin embargo, en el articulado del mismo plantea la
“renegociación” de las concesiones. Finalmente, el pasado 08 de
abril el bloque kirchnerista de diputados aprobó el proyecto de la
presidenta Fernádez de Kirchner. En esta “restatización” para
entregar los ferrocarriles saneados por el estado con fondos públicos
a otras empresas privadas, el gobierno contó con el apoyo de la UCR,
PRO, Frente Progresista, ARI, Frente Renovador de Massa, demostrando,
igual que los concejales de Bariloche, que gobiernan para garantizar
los negocios privados en el transporte.
Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda insistimos
que nuestra propuesta es la única forma de resolver el problema del
transporte público de pasajeros en nuestra ciudad. El estado municipal debe asumir la
propiedad, administración, explotación y funcionamiento del mismo y
que opere bajo control de sus trabajadores y usuarios.
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