La
inclusión educativa es una de las principales banderas del gobierno
nacional. Loable propósito con el que nadie puede estar en
desacuerdo. Sin embargo, la forma de lograrla está lejos de los
intereses de la sociedad en general, y de los propios estudiantes en
particular.
En
lugar de buscar resolver los problemas que esperan a los adolescentes
y jóvenes cuando egresen de la escuela (falta de trabajo genuino,
dificultad económica para continuar una carrera universitaria, y
otros más complejos, del orden de la motivación) el gobierno
pretende la inclusión y retención educativa por decreto: circulares
que imponen a los docentes calificar sin importar el aprendizaje
alcanzado (“ningún alumno puede tener menos de cuatro en el primer
trimestre”); reducciones progresivas del nivel educativo (“a
quienes no hayan alcanzado los objetivos se le harán adecuaciones
curriculares”); aumento del número de materias desaprobadas con
que puede promoverse al curso siguiente; diseño de instancias de
“aprobación” adicionales laxas, y un largo etcétera.
Esta
inclusión falsa sirve para mostrar estadísticas “exitosas” al
público, con las cuales además se pueden aceptar préstamos del BID
y otras entidades financieras para arreglar las escuelas más
ruinosas, comprar las netbook con que los chicos principalmente
chatean, y mantener la ilusión del engaño. Ilusión, porque los
estudiantes son los primeros en percibir la puesta en escena, lo que
refuerza su desinterés.
En
la “escuela container” la educación ha pasado a segundo plano,
lo que no significa que este modelo de escuela carezca de función:
en una sociedad con alta desocupación y enormes desigualdades, es un
recinto donde sustraer, imaginariamente, a niños y adolescentes de
la inevitable conflictividad social. Obviamente, las consecuencias
recaen sobre los docentes, que deben ocuparse principalmente de
situaciones conflictivas de los y las estudiantes y problemáticas
sociales de sus familias, más que de su tarea específica.Además de esta realidad, muchos docentes que trabajan en los planes FINES y PLAN DE MEJORAS del gobierno nacional, como los Referentes en Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) están contratados en forma totalmente precaria, y en algunos casos nos consta que han trabajado hasta 7 meses sin cobrar.
A esto se suma además la muy escasa atención a los problemas edilicios. En estas últimas semanas en Bariloche han debido suspenderse las clases en los CEM 44, 33, en la escuela 48, en el Instituto de Formación Docente Continua y ahora en la 201 por problemas de gas y calefacción. Además en mayo se voló parte del techo del jardín 61.
Por otro lado, a los Centros de Educación Técnica se les intenta trasladar la responsabilidad de que sean las propias instituciones educativas, y no el Estado, las que garanticen el acceso a las instalaciones y equipamientos necesarios para el proceso de aprendizaje; propiciando la privatización de un sector de la Educación Técnica. Además, se promueve elevar el número de estudiantes por grupo en los talleres, lo que producirá mayor deterioro en las condiciones de aprendizaje y de seguridad.
Todo esto demuestra que más allá de los discursos electorales, los gobiernos nacional y provincial sólo se ocupan de la educación de modo falaz.
Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda reclamamos como primera medida que se paguen los salarios adeudados a todos los docentes y que cese la precarización laboral. Reclamamos también que se nombre el personal de apoyo psicopedagógico y más docentes para que puedan seguirse trayectorias diferenciadas y que todos los alumnos alcancen los contenidos mínimos de calidad necesarios para llevar a cabo su proyecto de vida, sea éste trabajar, seguir un estudio superior, ampliar y enriquecer su visión de la realidad, o cualquiera que implique un beneficio personal y social. Reclamamos asimismo un salario digno para los trabajadores de la educación y auxiliares, y que se mantenga en condiciones la infraestructura escolar.
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